Baja California Sur se coloca entre los estados con menos sanciones por corrupción
Las estadísticas colocan a Baja California Sur con tasa cero de funcionarios sancionados, un adato que contrasta con otros estados de la república mexicana, de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI
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Baja California Sur volvió a aparecer en el escenario nacional, esta vez no por su vocación turística, sino por los datos oficiales sobre integridad en el servicio público. Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocan a la entidad entre los estados con menor número de sanciones a funcionarios, un dato que ha generado atención y debate.
El indicador forma parte de un conjunto amplio de estadísticas sobre corrupción, faltas administrativas y transparencia gubernamental. Aunque el resultado posiciona a BCS entre las entidades con menos sanciones registradas, el contexto nacional muestra contrastes y abre preguntas sobre cómo se construyen estas mediciones.
¿Qué revela el informe del INEGI?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó un reporte reciente que reúne información federal y estatal sobre corrupción y sanciones administrativas, incluyendo datos sobre personas afectadas, empresas involucradas y procesos de investigación abiertos.
En el informe se señala que, durante 2023, Baja California Sur apareció con cero funcionarios sancionados en el ámbito de administraciones estatales. Este dato proviene del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2024, en el que las entidades reportan sus propios registros administrativos.
El ejercicio estadístico calcula una tasa por cada 10 mil personas servidoras públicas. En el caso de Baja California Sur y Colima, la tasa fue de cero, mientras que otras entidades superaron con amplitud ese indicador, alcanzando cifras por arriba de 80 y hasta más de 100 sanciones por cada 10 mil trabajadores públicos.
El INEGI aclaró que en estos conteos solo se incluyen casos en los que ya existe una resolución administrativa firme, es decir, procesos concluidos.
¿Por qué BCS es de los estados con menos funcionarios sancionados?
De acuerdo con el mismo reporte, solo Baja California Sur y Colima se ubicaron con tasa cero en 2023. En contraste, entidades como Estado de México y Campeche encabezaron la lista de gobiernos estatales con mayor número de personas servidoras públicas sancionadas.
A nivel federal, el panorama también fue detallado. En 2023 se reportaron 2,341 personas sancionadas en dependencias federales, lo que equivale a una tasa de 14.4 por cada 10 mil servidores públicos, la cifra más baja registrada desde 2018.
El INEGI explicó que la información se construye con base en los datos que los propios gobiernos entregan tanto al Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) como al CNGE, lo que permite comparar patrones entre entidades.
Este resultado ha sido interpretado por distintos sectores como una señal de menor incidencia de sanciones formales en la entidad, aunque no necesariamente significa ausencia total de irregularidades, sino ausencia de resoluciones administrativas concluidas.
¿Qué significan estos datos para la transparencia y confianza ciudadana?
El mismo conjunto de estadísticas incluye datos sobre la experiencia directa de la población. En su documento "Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción", el INEGI detalló que, en el primer semestre de 2025, 8.9 % de las personas adultas que realizaron trámites en oficinas públicas, en zonas urbanas, señalaron haber sido víctimas de corrupción.
Cuando el contacto fue con autoridades de seguridad pública, el porcentaje subió hasta 45.2 %, con una mayor incidencia reportada por hombres que por mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2020-2025.
En el sector empresarial, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) indicó que en 2023, 169,769 unidades económicas, equivalentes al 3.5 % del total nacional, afirmaron haber sido víctimas de corrupción, con mayor afectación en empresas de tamaño mediano.
Estos datos muestran que, mientras algunas entidades presentan menos sanciones administrativas, la percepción y la experiencia de corrupción siguen presentes en distintos niveles de la vida pública.
Investigaciones, comparativos y otros contrastes entre estados
En el rubro de investigaciones por posibles faltas administrativas, el Censo Nacional de Gobierno Federal registró 40,145 investigaciones en 2023, lo que representa una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas.
El promedio nacional fue de 34.6 investigaciones por cada mil servidores públicos. Estados como Quintana Roo y Chihuahua se posicionaron entre los más altos, con más de 130 investigaciones por cada mil trabajadores.
En el extremo opuesto, al menos seis entidades del país reportaron menos de 10 investigaciones por cada mil servidores públicos, lo que evidencia grandes diferencias en los procesos disciplinarios dentro del país.
Por otra parte, al corte de junio de 2025, Baja California Sur apareció como el estado con mayor número de funcionarios con fuero, un dato que complementa el análisis sobre la situación administrativa y política de la entidad.
Además, en marzo de 2025, el Congreso local aprobó reformas para eliminar la reelección inmediata de senadores y diputados, medida que se suma al contexto de cambios institucionales recientes.
Baja California Sur aparece hoy entre los estados con menos sanciones a funcionarios, de acuerdo con los registros oficiales. Sin embargo, los datos también revelan que la lucha contra la corrupción es un proceso complejo, donde las cifras de sanciones, las investigaciones abiertas y la percepción ciudadana forman parte de una misma fotografía.
En tiempos donde la confianza pública es un activo frágil, la transparencia no se mide solo en ceros, sino en la capacidad de las instituciones para rendir cuentas de forma clara y constante.
