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La detención de dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México destapó una presunta red de extorsión que habría operado contra propietarios de verificentros, gasolineras y estaciones de servicio. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el esquema incluía cobros ilegales en efectivo, amenazas de clausura y el uso de actos administrativos para afectar concesiones.
Las autoridades investigan a servidores públicos en activo, exfuncionarios y particulares que presuntamente habrían participado en la operación.
Detienen a dos funcionarios del Medio Ambiente del Edomex
Aquí debe ir inmediatamente el dato duro de la detención.
La FGJEM, con apoyo de autoridades federales y de las fiscalías de Guerrero y Ciudad de México, detuvo a Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, ambos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente mexiquense.
Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, fue detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, fue localizado en la Ciudad de México.
Los dos son investigados por su presunta participación en una estructura dedicada a extorsionar a empresarios relacionados con verificentros y establecimientos de venta de combustible.
¿Cómo operaba la presunta red de extorsión en el Edomex?
Este debe ser uno de los H2 principales de la nota, porque responde directamente a la intención de búsqueda.
Según las investigaciones citadas por la Fiscalía, los integrantes de la presunta red utilizaban sus atribuciones para ejercer presión sobre los propietarios de los establecimientos.
Una de las prácticas denunciadas consistía en realizar inspecciones y advertir a los empresarios sobre posibles clausuras si no entregaban determinadas cantidades de dinero.
Los pagos, de acuerdo con las autoridades, debían realizarse en efectivo y eran entregados en un domicilio previamente identificado por los investigadores.
La Fiscalía sostiene que el esquema habría involucrado a funcionarios públicos, exservidores y particulares.
Aquí conviene colocar las cifras fuertes de la investigación.
Los empresarios denunciaron que las cantidades exigidas variaban dependiendo del tipo de establecimiento.
En el caso de gasolineras y gaseras, las denuncias señalan cobros de entre 500 mil y 800 mil pesos en efectivo.
Para los verificentros, asociaciones empresariales documentaron cuotas mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos por establecimiento, dependiendo del número de líneas o carriles.
Además, se denunciaron exigencias de hasta 500 mil pesos por carril bajo la amenaza de no revalidar las autorizaciones necesarias para operar durante 2027.
La FGJEM indicó que la estructura podría haber generado varias decenas de millones de pesos mensuales únicamente mediante las cuotas relacionadas con las líneas de verificación.
Presuntas extorsiones afectaron a 145 verificentros del Estado de México
Este dato merece un apartado propio porque es uno de los elementos de mayor impacto de la información.
De acuerdo con la documentación presentada por organizaciones del sector, el esquema habría afectado a 145 de los 168 verificentros que operan en el Estado de México.
Los empresarios señalaron que las presuntas cuotas estaban relacionadas con la posibilidad de continuar operando y mantener activas sus líneas de verificación.
Las denuncias también apuntan a que los cobros habrían aumentado bajo la amenaza de afectar futuras autorizaciones.
Simulaban clausuras y amenazaban con cerrar establecimientos
Aquí desarrolla la mecánica que hace diferente a la nota.
Entre las prácticas denunciadas se encuentran inspecciones programadas deliberadamente en determinados días, particularmente los viernes.
De acuerdo con los testimonios incorporados a las investigaciones, esta estrategia permitía amenazar con mantener cerrados los establecimientos durante todo el fin de semana si los propietarios no cumplían con las exigencias económicas.
La presunta red también habría utilizado procedimientos administrativos para ejercer presión sobre los empresarios.
También habrían despojado concesiones de verificentros
Este es otro punto fuerte que debe estar separado de los cobros.
Según la Fiscalía, en algunos casos los funcionarios investigados presuntamente habrían utilizado sus atribuciones para simular actos administrativos destinados a afectar o retirar concesiones otorgadas previamente a propietarios de verificentros.
Las víctimas también denunciaron que podían perder infraestructura que ellas mismas habían adquirido.
Además, algunos empresarios habrían recibido advertencias sobre posibles afectaciones si decidían denunciar los hechos ante las autoridades.
¿Quiénes son los funcionarios detenidos?
Aquí sí entra el perfil de los acusados, pero después de haber contado la historia principal.
Raúl “N”
Raúl “N” se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas y fue designado en octubre de 2023.
De acuerdo con la información disponible, tiene antecedentes de participación política dentro del Partido Verde Ecologista de México y anteriormente ocupó un cargo como diputado federal.
Fue detenido en Acapulco, Guerrero.
Carlos Eduardo “N”
Carlos Eduardo “N” ocupaba el cargo de director de Control de Emisiones a la Atmósfera dentro de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México.
Fue detenido en la Ciudad de México.
Ambos quedaron a disposición de un juez de control, quien deberá determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.
Las denuncias contra funcionarios ya habían llegado a la mañanera
Este apartado aporta contexto temporal y conecta la detención con un antecedente público.
Los señalamientos contra Raúl “N” habían adquirido relevancia nacional semanas antes, cuando fueron expuestos durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En aquella ocasión, la mandataria pidió a los empresarios afectados presentar las denuncias correspondientes y condenó cualquier práctica de corrupción cometida desde instituciones públicas.
Esto permite explicar al lector que la investigación no surgió únicamente con las detenciones, sino que existían señalamientos previos.
La Fiscalía informó que las investigaciones continúan y que busca identificar a otros posibles integrantes de la estructura.
Entre los posibles involucrados se encuentran servidores públicos en activo, exfuncionarios y particulares.
Además, las autoridades señalaron que existen empresarios que todavía no han presentado una denuncia formal por temor a posibles represalias.
La FGJEM indicó que buscará establecer contacto con posibles víctimas para que puedan aportar información a la investigación.
Funcionarios quedan ante un juez tras su detención
Cierra la nota con información procesal, no con una conclusión política.
Los dos funcionarios fueron puestos a disposición de un juez de control del juzgado especializado en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea, con sede en la Ciudad de México.
Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica y establezca las medidas correspondientes conforme avance el proceso.
La investigación permanece abierta y la Fiscalía busca determinar el grado de participación de cada una de las personas señaladas.
