¿Quieres resumir esta nota?

Para Ti

Hay una imagen muy arraigada de lo que significa combatir la inseguridad: patrullas, retenes, operativos nocturnos. Y sí, eso es indispensable, pero hay una dimensión de la seguridad que casi nunca aparece en los noticieros y que determina en gran medida, si esos operativos pueden funcionar o no: el marco jurídico que los respalda.

Cuando un policía detiene a alguien, actúa dentro de un marco legal; cuando una fiscalía investiga un delito, lo hace con las facultades que le otorga la ley; cuando un gobierno diseña una estrategia de prevención, lo hace con los recursos y atribuciones que el Congreso le asignó.

Sin leyes adecuadas, incluso la mejor estrategia operativa tiene los pies atados.

El caso más reciente y claro es la reforma al artículo 21 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024. Esa reforma amplió las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para investigar delitos, algo que antes era exclusivo del Ministerio Público. ¿El resultado? Los delitos de alto impacto bajaron 20.8% en los primeros meses de aplicación, y fue el cimiento legal que permitió crear la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas. Sin esa reforma, la estrategia no hubiera podido operar con las facultades que tiene hoy.

En ese sentido, el Congreso (tanto federal como local) no es un actor secundario en materia de seguridad, es uno de sus pilares fundamentales, y esto también debe de reconocerse.

Leyes que nacen de las calles: cuando la ciudadanía impulsa el cambio

Quizás el ejemplo más poderoso de cómo el trabajo legislativo y la participación ciudadana pueden transformar la seguridad de millones de personas es la historia de Olimpia Coral Melo.

En 2013, esta joven poblana de 18 años fue víctima de violencia digital cuando su expareja difundió sin su consentimiento un video íntimo.

Lo que encontró al buscar justicia fue un vacío legal absoluto: en México no existía ninguna ley que tipificara ese acto como delito, sin embargo, en lugar de resignarse, Olimpia decidió que si la ley no la protegía, la ley tenía que cambiar.

Tras años de trabajo y activismo, en 2018 logró que el Congreso de Puebla aprobara la reforma que tipificó la violencia digital como delito ¡La primera en su tipo en México!

Lo que siguió es historia: la llamada Ley Olimpia se replicó en 32 entidades federativas, se incorporó al Código Penal Federal en 2021 y en diciembre de 2025 sirvió de base para la Ley Modelo Interamericana aprobada por la OEA para prevenir la violencia digital contra las mujeres en toda América Latina. Hoy se discute en Bolivia, Honduras y Colombia. [Ley Olimpia / OEA-MESECVI, diciembre 2025]

Una ciudadana, un Congreso estatal, y una ley que cambió la vida de millones de mujeres en el continente. Eso es lo que puede ocurrir cuando la ciudadanía y el legislativo trabajan en la misma dirección.

Entidades Federativas que incorporaron la protección a la violencia digital.Fuente: CNDH
Entidades Federativas que incorporaron la protección a la violencia digital.Fuente: CNDH

Atribuciones Legislativas que impactan en nuestra seguridad

Los legisladores también tienen la facultad de estudiar y exigir, en el estado donde legislan. Para que la seguridad dé resultados, no basta con tener más elementos, se necesita que esos elementos tengan los conocimientos, las herramientas y la formación necesaria para actuar con eficacia, empatía y legalidad.

Esa fue precisamente la motivación detrás de la iniciativa presentada por los diputados Mariano Camacho San Martín y Elías Rescala Jiménez en la LXII Legislatura del Estado de México: reformas a la Ley de Seguridad para fortalecer la profesionalización de los servidores públicos en materia de seguridad; iniciativa que fue aprobada en mayo de 2025.

Una policía mejor capacitada es una policía que actúa con más eficacia, más apego a la legalidad y más confianza ciudadana. Eso no es un detalle técnico, es la base de cualquier estrategia de seguridad que aspire a sostenerse en el tiempo.

Capacitación y profesionalización de servidores públicos en materia de seguridad del Edo. Méx.
Capacitación y profesionalización de servidores públicos en materia de seguridad del Edo. Méx.

Este tipo de trabajo legislativo, se siente en cada municipio del estado cuando un policía sabe exactamente cómo actuar, qué derechos proteger y cómo generar confianza en la comunidad que sirve.


Sinaloa: legislar para proteger

Sinaloa es un estado que ha enfrentado importantes retos en materia de seguridad en los últimos años; sin embargo, el 14 de mayo de 2026, su Congreso aprobó reformas a la Ley de Seguridad Pública para institucionalizar las unidades de género dentro de las corporaciones policiales estatales y municipales.

Estas áreas ya operaban desde 2017 como respuesta a la Alerta de Violencia de Género, pero existían en la práctica sin respaldo legal formal. Con esta reforma quedaron integradas en la ley, con obligaciones claras para los municipios de contar con unidades especializadas en atención a violencia familiar y de género.

Sinaloa, nos ha confirmado en diferentes contextos que el trabajo legislativo no espera a que las condiciones sean perfectas para avanzar. Garantizar la paz, es algo que se construye en todos los frentes, y al mismo tiempo.

¿Y siendo ciudadano qué puedo exigir?

Ahora bien, es importante mencionar que el Congreso legisla con o sin la atención ciudadana, la diferencia es que cuando esa atención existe, las leyes tienden a ser mejores.

Como ciudadanos, hay cosas concretas que podemos hacer:

  • Conocer a nuestros representantes en materia de seguridad — saber quién preside la comisión de seguridad en el congreso local y qué iniciativas ha impulsado.
  • Participar en los foros y consultas públicas — muchos congresos tienen mecanismos abiertos que pocas personas utilizan.

  • Exigir transparencia en los resultados — no basta con que las leyes se aprueben, hay que darles seguimiento.

La seguridad empieza en las decisiones que se toman en los congresos, se sostiene con la participación de ciudadanos que no se resignan y se consolida cuando ambos (legisladores y ciudadanía) trabajamos hacia la misma dirección.




Preguntas y respuestas
Andrea Becerril Valdés
Andrea Becerril Valdés

Andrea Becerril Valdés es abogada con enfoque en derechos humanos y seguridad, con experiencia en el diseño e implementación de estrategias orientadas a la prevención, atención y fortalecimiento institucional.

Ha trabajado en el sector público y en espacios de incidencia social, impulsando acciones dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad y promoviendo una visión de la seguridad basada en el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana.

Actualmente coordina la herramienta “Campeones de Seguridad”, desde donde contribuye al análisis y difusión de buenas prácticas a nivel nacional, con el objetivo de acercar información clara, útil y con enfoque social a la ciudadanía.

Ver más notas de Andrea Becerril Valdés →