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En México se calcula que hasta 250 mil niños y adolescentes de entre 12 y 15 años están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con estimaciones de la organización civil Reinserta.
El reclutamiento no ocurre por coincidencia: es un negocio con reglas especificas; cada operación criminal necesita dinero para pagar reclutadores, sostener su estructura y financiar el día a día, y buena parte de ese dinero sale de la venta de droga. Pero ese dinero no solo compra armas o protección: también compra lealtad.
¿Por qué los adolescentes son más vulnerables para el crimen organizado?
Un adolescente resulta, para el crimen organizado, más barato y más moldeable que un adulto.
Está en una etapa en la que busca pertenencia e identidad y si no la encuentra en su entorno —en la familia, la escuela, la comunidad—, la organización criminal se la ofrece a cambio de su lealtad: dinero rápido, sentido de pertenencia, protección.
A eso se suma que, al ser menor de edad, enfrenta consecuencias legales distintas a las de un adulto, lo que para el crimen organizado representa un riesgo operativo más bajo.
En este contexto, cuando se destruye un plantío o se neutraliza un laboratorio clandestino, no solo se retira droga del mercado: se le quita al crimen organizado parte del dinero con el que compra esa lealtad.
Un ejemplo reciente de esta lógica lo dio a conocer la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Armada de México.
La dependencia ha señalado que su inteligencia operativa se apoya en herramientas como aeronaves no tripuladas, imágenes satelitales y vigilancia del espectro radioeléctrico, capacidades que le permiten monitorear zonas de difícil acceso terrestre desde el aire antes de desplegar personal en tierra.
Con ese tipo de análisis previo, identifica primero la zona y después envía personal naval capacitado para intervenir, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Desde el 1° de octubre de 2024, ese proceso —identificación primero, intervención después.
En el mismo periodo, se neutralizaron 131 laboratorios clandestinos, donde se aseguraron más de 131 mil kilogramos de metanfetamina.
- 893 plantíos erradicados (231 de marihuana y 662 de amapola), con 76.6 millones de plantas destruidas.
- 131 laboratorios clandestinos neutralizados, con más de 131 toneladas de metanfetamina aseguradas y una afectación financiera estimada en 32,432 millones de pesos.
La SEMAR atribuye estos resultados al análisis de información, la identificación de zonas de producción y el despliegue de personal capacitado para operar en áreas de difícil acceso, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Lo que significa para la juventud mexicana
Golpear la producción y el financiamiento del crimen organizado es una pieza de la solución, no toda la solución. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señala como principales detonantes del reclutamiento la desigualdad económica y la pobreza, la deserción escolar y la violencia familiar.
Ahí está también la clave de la prevención: mantener a un adolescente en la escuela, sostener la comunicación en casa y estar atentos a señales de riesgo son medidas que marcan la diferencia.
A esto se suman las tareas que corresponden al Estado: la propia REDIM ha planteado fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y sus programas de prevención (COMPREVNNA), así como garantizar la restitución de derechos y la reinserción social de quienes ya fueron captados por el crimen organizado.
En este sentido, podemos llegar a la conclusión que ninguna de estas acciones funciona sola, pero juntas son las que con el tiempo, pueden reducir esa cifra de 250 mil menores en riesgo.
Andrea Becerril Valdés es abogada con enfoque en derechos humanos y seguridad, con experiencia en el diseño e implementación de estrategias orientadas a la prevención, atención y fortalecimiento institucional.
Ha trabajado en el sector público y en espacios de incidencia social, impulsando acciones dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad y promoviendo una visión de la seguridad basada en el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana.
Actualmente coordina la herramienta “Campeones de Seguridad”, desde donde contribuye al análisis y difusión de buenas prácticas a nivel nacional, con el objetivo de acercar información clara, útil y con enfoque social a la ciudadanía.
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