Feminicidio en México: Visibilizar para erradicar

Nombrar el feminicidio en el marco jurídico mexicano, establece un cambio importante a nivel nacional. Durante años, estas muertes se clasificaban como homicidios, lo que ocultaba su origen y limitaba la respuesta del Estado.

Reconocerlo permitió no solo ponerle nombre al problema, sino entenderlo mejor. Antes se veía como algo aislado, hoy sabemos que forma parte de una violencia más amplia que viven muchas mujeres.

Este cambio se consolidó gradualmente, a partir de 2009 con la recomendación internacional del Caso Campo Algodonero vs. México, donde Organismos Internacionales obligaron al Estado mexicano a atender la violencia contra las mujeres de forma más clara. Actualmente, este delito está tipificado en las 32 entidades del país.

De la visibilización a la medición

Gracias a esto, hoy se puede medir con mayor claridad. El feminicidio pasó de representar el 19.8% de los homicidios de mujeres en 2015 a aproximadamente el 24.2% en 2024; es decir, casi uno de cada cuatro asesinatos de mujeres en México se clasifica como feminicidio.

Más que significar únicamente un aumento, esto también refleja que ahora el problema se identifica mejor, es decir se mide con mayor precisión y eso permite entenderlo y atenderlo de forma más directa.

Avances y retos

El feminicidio sigue siendo uno de los temas más sensibles en materia de seguridad, detrás de cada caso hay una vida que se detiene y una familia que cambia para siempre. No solo se pierde una mujer, también se rompe su entorno: hijas, hijos y personas cercanas que quedan marcadas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2026 se registraron 94 víctimas de feminicidio, de las cuales cuatro entidades concentran el 41.5% de los casos (39 víctimas): Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Nuevo León.

Si bien estas entidades concentran más casos, también han impulsado acciones relevantes en atención, investigación y fortalecimiento institucional, lo que muestra que visibilizar el problema también permite atenderlo:

• Ciudad de México ha fortalecido la investigación y capacitación en servidores públicos.
• Estado de México y Veracruz han fortalecido su marco jurídico y capacidades institucionales, mediante reformas como la Ley Monse y la Ley Ingrid.
• Y se reconoce que los estados de Yucatán y Tlaxcala mantienen los niveles más bajos de incidencia en este delito.

Ahora bien, a nivel federal la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado la atención a la violencia contra las mujeres como una prioridad.

Como parte de esta estrategia, recientemente anunció el envío al Senado de la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, que plantea cambios relevantes en la forma de atender este delito en todo el país.

La propuesta establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el inicio como feminicidio, incorpora la homologación del delito a nivel nacional y contempla penas de hasta 70 años de prisión.

Además, fortalece la investigación con perspectiva de género y busca reducir los espacios de impunidad; reflejando un esfuerzo por avanzar, desde distintos frentes en la protección y el bienestar de las mujeres.

Si bien es cierto que México ha tenido avances significativos, el verdadero reto no es solo medir o visibilizar el problema, sino que gobierno, sociedad civil y organismos autónomos, trabajemos en conjunto, y esta información sirva para tomar mejores decisiones, para que las políticas realmente funcionen y, sobre todo, para no tener NI UNA VÍCTIMA MÁS.