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Mucho antes de convertirse en uno de los cantantes más queridos de México, Juan Gabriel tuvo que enfrentar una etapa de su vida marcada por la pobreza, la prisión y las dificultades para abrirse camino en la música. Sin embargo, su historia también tuvo un capítulo mucho más inesperado: durante años, el gobierno mexicano lo mantuvo bajo vigilancia.
Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, llegó a convertirse en una persona de interés para la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el organismo de inteligencia que durante décadas estuvo ligado al aparato político del régimen priista.
De acuerdo con un expediente desclasificado, la vigilancia al Divo de Juárez comenzó en 1970, el mismo año en que el cantante fue detenido y enviado a la prisión de Lecumberri.
Juan Gabriel estuvo en la mira de la inteligencia mexicana
La DFS había sido creada en 1947 y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los principales organismos de inteligencia y vigilancia política del Estado mexicano.
Su trabajo estaba relacionado con la investigación de posibles amenazas a la seguridad nacional, pero durante el régimen del PRI también estuvo involucrada en labores de espionaje y seguimiento de personajes considerados políticamente relevantes.
Juan Gabriel terminó dentro de ese universo de vigilancia. El expediente elaborado por la DFS reunió información sobre distintos aspectos de su vida: sus antecedentes, propiedades, relaciones personales e incluso detalles que tenían poco que ver con una posible amenaza política.
Uno de los puntos que llamó la atención de los agentes fue precisamente su pasado judicial. En 1970, Alberto Aguilera fue detenido acusado de robo y daño en propiedad ajena. Fue sentenciado a tres años de prisión y enviado a Lecumberri, aunque finalmente permaneció aproximadamente ocho meses en el penal.

Su salida también quedó registrada en los documentos de inteligencia. El expediente menciona al entonces director del penal, Andrés Puentes Vargas, quien habría tenido relación con el cantante, además de registrar los nombres de otras personas cercanas a Aguilera.
La DFS incluso llegó a cuestionar algunos datos personales del artista, como su lugar de nacimiento, pues mientras Juan Gabriel siempre fue identificado con Ciudad Juárez, Chihuahua, los documentos señalaban que había nacido en Parácuaro, Michoacán.
Los documentos no muestran que Juan Gabriel representara una amenaza para el gobierno mexicano. Más bien, revelan hasta qué punto podía llegar la vigilancia de la DFS y el interés que despertaban las relaciones de determinadas figuras públicas.
Juan Gabriel y su cercanía con el poder
En el expediente aparecen amistades y contactos del cantante con personajes conocidos, entre ellos la actriz Silvia Pinal y el gobernador priista de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez.
Conforme su carrera comenzó a crecer, Juan Gabriel también empezó a acercarse a figuras de poder. Su relación con Hernández Gómez y sus vínculos con políticos priistas hicieron que el cantante apareciera cada vez más relacionado con los círculos políticos de la época.

Su cercanía con el PRI tampoco fue un secreto. En 1988, durante la campaña de Carlos Salinas de Gortari, Juan Gabriel expresó públicamente su simpatía por el candidato priista y llegó a describirlo como “un hombre de buenas ideas, inteligente y bueno”.
Años después, en 2000, incluso grabó una canción para Francisco Labastida Ochoa, entonces candidato presidencial del PRI.
El joven Alberto Aguilera que había pasado por Lecumberri terminó convertido en una de las mayores estrellas de la música mexicana. Su popularidad llegó a ser tan grande que incluso consiguió presentarse en el Palacio de Bellas Artes, un acontecimiento que generó polémica precisamente porque algunos sectores consideraban que un artista popular como él no correspondía con la solemnidad del recinto.
Para entonces, su relación con personajes políticos ya era completamente distinta a la de sus primeros años.
Juan Gabriel mantuvo amistad con gobernadores y otros funcionarios, y su cercanía con el poder llegó hasta Chihuahua, estado que consideraba prácticamente su casa.

Durante el gobierno de César Duarte, entre 2010 y 2016, el cantante participó en eventos oficiales. En 2013, por ejemplo, recibió nueve millones de pesos por dos presentaciones, lo que provocó críticas por el uso de recursos públicos.
Esa cercanía continuó incluso en los últimos años de su vida. En 2015, Juan Gabriel escribió una carta dirigida a Enrique Peña Nieto en la que refrendaba su apoyo al PRI. De acuerdo con el testimonio de Silvia Urquidi, la carta permaneció bajo su resguardo y no fue enviada para proteger al cantante.
Aquel mismo artista que alguna vez estuvo bajo la lupa del gobierno se había convertido en una celebridad con acceso directo a gobernadores, candidatos presidenciales y figuras de las más altas esferas políticas.
Más que revelar una conspiración alrededor de Juan Gabriel, aquel expediente muestra cómo funcionaba el aparato de vigilancia del México priista y cómo podía terminar bajo observación incluso una figura del mundo del espectáculo.










