¿Quieres resumir esta nota?
El problema que nadie quería nombrar:
Durante años, en decenas de municipios de México, los ciudadanos sabían algo que pocas veces se decía en voz alta: que su alcalde, su director de seguridad pública o los policías de su colonia no solo no los protegían — sino que activamente colaboraban con quienes los extorsionaban, los secuestraban o los atemorizaban.
No era un secreto. Era una realidad que se vivía cotidianamente en comunidades enteras, donde el crimen organizado no necesitaba esconderse porque contaba con la protección de quienes debían combatirlo.
Según datos del Gobierno federal, más de 2.2 millones de habitantes en al menos 28 municipios de nueve estados vivían sometidos bajo el control criminal de sus propias autoridades. Eso es exactamente lo que la Operación Enjambre fue diseñada para atacar.
El origen: fosas clandestinas en Nicolás Romero
La Operación Enjambre no nació de un día para otro. Detrás de su activación formal hubo meses de trabajo previo de inteligencia, marcados por un detonador muy concreto: el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México.
Esos hallazgos abrieron investigaciones que fueron revelando redes de protección institucional que involucraban a funcionarios municipales, directores de seguridad pública y elementos de las propias corporaciones policiales.
La activación formal ocurrió el 22 de noviembre de 2024. En su primera jornada, fuerzas federales y estatales ejecutaron simultáneamente 7 de las 14 órdenes de aprehensión iniciales en varios municipios del Estado de México. Entre los primeros perfiles capturados:
Una presidenta municipal, ocho directores de seguridad pública, cuatro mandos y diez elementos de corporaciones policiales. El municipio de Nicolás Romero concentró el mayor número: 11 servidores públicos aprehendidos en una sola operación.
La operación fue lanzada en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción, coordinada por la SSPC bajo la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum: cero tolerancia a la corrupción y cero impunidad, independientemente del cargo o afiliación política. (SSPC, gob.mx)
Los resultados que lo cambiaron todo: Lo que nadie anticipaba en noviembre de 2024 era la magnitud de lo que las investigaciones irían revelando. Cada detención abría nuevos hilos, cada proceso judicial aportaba evidencia de redes más amplias y más enraizadas de lo que se imaginaba.
En diciembre de 2025, la primera presidenta municipal detenida — María Elena Martínez Robles, de Amanalco — fue declarada culpable de homicidio calificado: había ordenado el asesinato del síndico municipal de su propio ayuntamiento con apoyo de La Familia Michoacana.
Para enero de 2026, los primeros 20 exservidores públicos del Estado de México procesados acumulaban condenas que superaban los 1,146 años de prisión. Esos resultados fueron los que consolidaron la decisión de expandir la operación. Si en un solo estado había esa magnitud de corrupción institucional, la pregunta era inevitable: ¿cuántos municipios más del país vivían la misma realidad?
De Edomex al país: la expansión
Con los resultados del Estado de México sobre la mesa, la Operación Enjambre se extendió progresivamente.
Para el 5 de febrero de 2026, García Harfuch anunció la detención simultánea de tres presidentes municipales del Estado de México y uno de Jalisco — Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, señalado por extorsión y nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Puebla se convirtió en el estado con más alcaldes detenidos: 7 presidentes municipales entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, de dos partidos políticos distintos — cuatro de Movimiento Ciudadano y tres de Morena — lo que confirma que la operación no distingue afiliación política. El mismo criterio aplicó en el resto de los estados involucrados. (Infobae, septiembre 2026)
El 8 de septiembre de 2026, en el Segundo Informe de Gobierno, García Harfuch presentó el balance actualizado. El total es de 111 funcionarios detenidos — con el siguiente desglose por entidad, según los datos disponibles: SSPC, conferencia matutina 8 sept 2026 — gob.mx/presidencia
- Estado de México — 63 detenidos (epicentro del operativo, inició con 24 y se expandió hasta 63)
- Jalisco — 5 casos de alto perfil, incluyendo el alcalde de Tequila
- Morelos — 5 casos, incluyendo los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan
- Puebla — al menos 4 funcionarios, con 7 alcaldes detenidos en total desde 2025
- Chiapas — 2 casos
- Oaxaca — 1 caso
- Tlaxcala — 1 caso
- Michoacán y Tabasco — investigaciones activas con detenidos sin desglose oficial publicado
Además: 8 presidentes municipales en funciones al momento de su captura, más de 1,146 años de condenas acumuladas en el Estado de México, y la operación continúa activa con nuevas investigaciones en curso.
El doble impacto: más seguridad, menos corrupción
La Operación Enjambre no es solo una acción anticorrupción — es también una estrategia de seguridad. La corrupción institucional no es un problema paralelo a la inseguridad — es una de sus causas más profundas.
Cuando el director de seguridad pública de un municipio está coludido con el crimen organizado, ningún operativo externo puede funcionar de forma sostenida, cuando el alcalde protege a los extorsionadores, los ciudadanos no tienen a quién reportar.
Por eso cada funcionario detenido representa dos cosas al mismo tiempo: una red de corrupción desarticulada y un municipio que puede empezar a recuperar la confianza en sus instituciones.
El Estado de México, donde inició la operación, registró entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 una reducción del -58% en el promedio diario de homicidios dolosos — uno de los avances más significativos del país en ese periodo. (Campeones de Seguridad / SESNSP)
No se puede atribuir esa caída exclusivamente a la Operación Enjambre — la estrategia de seguridad tiene muchos componentes. Pero sí es un dato que muestra que el trabajo institucional, incluido el combate a la corrupción desde adentro, está produciendo resultados verificables.
Ahora bien, la Operación Enjambre continuará, confirmó García Harfuch. No hay fecha de cierre — porque la corrupción institucional tampoco tiene fecha de vencimiento.
Lo que sí es claro es que la estrategia está cambiando algo muy concreto: la certeza de que un cargo público ya no es garantía de impunidad. Esa señal — que la ley aplica independientemente del partido, del cargo y del estado — es en sí misma parte de la estrategia de seguridad.
La seguridad pública se construye desde adentro y la Operación Enjambre es, hasta ahora, la demostración más concreta de que esa parte de la estrategia también está en marcha.
Andrea Becerril Valdés es abogada con enfoque en derechos humanos y seguridad, con experiencia en el diseño e implementación de estrategias orientadas a la prevención, atención y fortalecimiento institucional.
Ha trabajado en el sector público y en espacios de incidencia social, impulsando acciones dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad y promoviendo una visión de la seguridad basada en el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana.
Actualmente coordina la herramienta “Campeones de Seguridad”, desde donde contribuye al análisis y difusión de buenas prácticas a nivel nacional, con el objetivo de acercar información clara, útil y con enfoque social a la ciudadanía.
Ver más notas de Andrea Becerril Valdés →
