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Sinaloa enfrenta una brecha presupuestal en seguridad frente a estados del norte con desafíos similares. La entidad invierte 1,713.56 pesos por habitante, mientras Chihuahua destina 3,572.98 pesos y Sonora 3,223.23.
Para el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), reducir esa diferencia implica fortalecer a las policías, la Fiscalía y el Poder Judicial. En ese sentido, plantea que el presupuesto de seguridad y justicia para 2027 aumente en un 100 por ciento.
El diagnóstico “Invertir para recuperar la paz: Diagnóstico presupuestal y de capacidades institucionales en Sinaloa” coloca el presupuesto en el centro de la discusión sobre las capacidades del Estado.
El documento señala que Sinaloa destina 5 mil 186.8 millones de pesos a seguridad pública y justicia, equivalente al 6.62% de su presupuesto estatal, con una inversión de 1,713.56 pesos por habitante.
En el comparativo nacional, la entidad ocupa el lugar 21 por gasto total y el 26 por inversión per cápita. La diferencia se hace más evidente al compararla con estados del norte que enfrentan problemas de seguridad que el propio diagnóstico considera similares.
Una brecha frente a otros estados
Mientras Sinaloa invierte 1,713.56 pesos por habitante, Chihuahua destina 3,572.98 pesos y Sonora 3,223.23. Nuevo León llega a 2,983.70 pesos y Baja California a 2,555.41.
El contraste no significa que gastar más produzca, por sí mismo, mejores resultados. Pero sí permite dimensionar la diferencia en los recursos disponibles para desarrollar instituciones con mayor capacidad de prevención, investigación y procuración de justicia.
El diagnóstico señala que Sinaloa comparte con Sonora, Chihuahua, Nayarit y Baja California Sur condiciones geográficas, corredores estratégicos y fenómenos relacionados con la delincuencia organizada. Por ello, plantea que la suficiencia presupuestal también debe revisarse desde una perspectiva regional.
La diferencia también aparece en la Fiscalía. Sinaloa ocupa el lugar 20, con poco más de 1,203 millones de pesos, frente a los 2,434 millones de Sonora y los 3,540 millones de Chihuahua.
El punto de fondo es que una investigación compleja requiere mucho más que abrir una carpeta: necesita policías de investigación, ministerios públicos, peritos, laboratorios, tecnología y capacidad judicial.
Calderón plantea duplicar el presupuesto
Ante este escenario, Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CESP, plantea un incremento presupuestal de mayor alcance.
Calderón considera insuficiente el aumento de alrededor de 20% aplicado para el ejercicio actual y propone llevar los recursos de seguridad y justicia de aproximadamente 5 mil millones a cuando menos 10 mil millones de pesos para el 2027.
Como referencia menciona a Sonora, estado vecino que, de acuerdo con sus declaraciones, ejerce alrededor de 9 mil millones de pesos en este ámbito.
Su propuesta contempla llevar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública de unos 2,400 millones a casi 5 mil millones de pesos; duplicar el de la Fiscalía, de aproximadamente 1,200 a 2,400 millones, y aumentar los recursos para el Poder Judicial hasta alrededor de 1,800 millones de pesos.
"Lo vemos factible; otros estados lo han hecho conscienctes de la preocupación de la mayoría de los habitantes", afirma Calderón.
La intención es que el aumento no se concentre en una sola institución, sino que fortalezca toda la cadena de seguridad y justicia.
¿De dónde saldrían los recursos?
Calderón Quevedo considera que podrían obtenerse entre 2,000 y 2,500 millones de pesos mediante una reorientación del gasto estatal, a partir de dos factores:
- Menor presión en el sector agrícola: Sostiene que las lluvias recientes y la disponibilidad de agua permitirían reducir los apoyos extraordinarios requeridos por el sector respecto al año anterior.
- Autosuficiencia universitaria: Considera que la Universidad Autónoma de Sinaloa podría resolver sus gastos mediante recursos internos y compromisos directos con la Federación, lo que reduciría la presión sobre el presupuesto estatal.
Tres eslabones para reducir la impunidad
Si los recursos disponibles no fueran suficientes para cubrir todo el planteamiento, Calderón identifica tres prioridades.
- La primera es fortalecer la Policía Estatal. Propone duplicar su estado de fuerza, de los aproximadamente 1,200 elementos actuales a entre 2,400 y 2,500 agentes, para ampliar la capacidad preventiva y de persecución del delito y reducir la dependencia de la Federación.
- La segunda es fortalecer la Fiscalía y duplicar el número de agentes del Ministerio Público. Calderón señala que la cantidad de carpetas asignadas a cada agente rebasa una capacidad razonable de procesamiento y relaciona esta sobrecarga con niveles de impunidad superiores al 90%.
- La tercera es conseguir que las investigaciones lleguen a sanciones y sentencias firmes. Aumentar policías y personal ministerial no resuelve por sí solo el problema si las investigaciones no consiguen avanzar hasta el final del proceso judicial.
El reto no termina en gastar más
El diagnóstico del CESP plantea que aumentar el presupuesto es necesario, pero no suficiente.
Los recursos tendrían que reflejarse en policías profesionales, mejores investigaciones, laboratorios forenses, inteligencia criminal, infraestructura tecnológica y mecanismos que permitan medir qué capacidades se están construyendo.
El estudio propone un Tablero Estatal de Capacidades Institucionales para dar seguimiento, entre otros indicadores, a los policías certificados por cada 100 mil habitantes, la carga de trabajo de los ministerios públicos, la eficacia de los investigadores, los tiempos de respuesta de los servicios periciales y el desempeño del C5.
La discusión, por tanto, no se limita a cuánto dinero se destinará a seguridad en 2027, sino a qué capacidades permitirá construir y cómo se podrá comprobar que esos recursos están generando cambios en la operación de las instituciones.
Calderón advierte que un aumento de recursos debe ir acompañado de una estricta vigilancia ciudadana para garantizar un uso honesto, transparente y eficiente de los fondos extraordinarios, evitando el despilfarro.
Graciela, frente a la oportunidad de hacer historia en Seguridad
Para Calderón, el próximo presupuesto representa una oportunidad para que la administración de la gobernadora Graciela Domínguez impulse un cambio de fondo en materia de seguridad.
Para el diagnóstico, el Presupuesto 2027 abre la posibilidad de una estrategia multianual.
El Gobierno estatal, por su parte, ha señalado que el fortalecimiento de la seguridad será parte de la discusión presupuestal y que analiza recursos para migrar del C4i a un esquema C5i.
El punto central sería pasar de cubrir carencias inmediatas a construir capacidades que permitan prevenir, investigar y sancionar los delitos con mayor eficacia.
Porque recuperar la paz no depende solamente de tener más presencia en las calles, sino de conseguir que toda la cadena de seguridad y justicia tenga la fuerza suficiente para responder, investigar y sancionar.
Comunicólogo con más de 20 años dedicado al periodismo impreso y digital. Experiencia en periodismo de investigación, edición de contenidos y actualmente enfocado al periodismo constructivo y de soluciones.
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