Las políticas públicas caminan muy lento. Rara vez responden a su presente y en escasas ocasiones se adaptan a los cambios. Ejemplo de ello es la huella ambiental que deja la producción de drogas en zonas de rica biodiversidad.

Ya sean sintéticas o vegetales, los procesos para obtener estas sustancias contribuyen a la vulnerabilidad socioambiental de los mexicanos. 

Si es para cultivar mariguana o amapola, deforestan cuencas y, con ello, debilitan su capacidad tanto para capturar carbono como para producir el agua que necesitamos para nuestra salud y economía.

En una década, por ejemplo, de 2012 a 2021, fueron taladas 37,368 hectáreas de la sierra sinaloense para plantar drogas vegetales. Una superficie cercana a los 466 kilómetros cuadrados de Tijuana. 

El 38 por ciento correspondió a cannabis y el 62 por ciento a amapola, de acuerdo con un análisis propio con datos de la Sedena. 

Si se trata de drogas químicas como la metanfetamina, la huella ambiental queda en el agua de ríos, acuíferos y vegetación donde vierten sus desechos.

En ese mismo periodo se derramaron, al menos, 1.6 millones de kilogramos de residuos contaminantes en el territorio de la Región Mar de Cortés, pero principalmente en Sinaloa, derivados de la elaboración de metanfetamina.

Hasta el momento no existe diagnóstico público para determinar el alcance del problema ni mucho menos protocolos de mitigación en laboratorios clandestinos.

Políticas públicas y protocolos, a paso de tortuga

El reportaje Narcocontaminación, de América Armenta y Jesús Bustamante, publicado por Quinto Elemento, da cuenta de manera más actualizada de la huella ambiental de la producción de drogas químicas.

También describe cómo la sostenibilidad socioambiental está en riesgo por las nulas políticas públicas y protocolos para mitigar el impacto de la elaboración de sustancias ilegales sintéticas.

“Es la responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hacer cumplir las leyes en materia ambiental y formular denuncias. Pero Sedena no da aviso a ninguna de ellas luego de encontrar un laboratorio clandestino, únicamente notifica a la Fiscalía General de la República (FGR) para que incauten y aseguren los químicos”, consigna la dupla de periodistas.

Las dependencias relacionadas con la mitigación de este tipo de huella ambiental son la Sedena, la Fiscalía General de la República, la Semarnat, la Profepa y la Sebides, para el caso de la entidad.

Al esfuerzo de Armenta y Bustamante se suman otros ejercicios para identificar protocolos y dependencias responsables de, por ejemplo, descontaminar el área impactada por un laboratorio clandestino, y el hallazgo es el mismo, que científicamente se explica con un “se tiran la bolita”.

Recomendaciones de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional

Los hacedores de políticas públicas deben sacudirse la inercia y tener una visión más ecosistémica y menos “egosistémica”. Deben tener una comprensión de las interrelaciones de las partes que interactúan en un todo. 

“El deterioro de los ecosistemas en la región del Mar de Cortés y las actividades ilícitas que se llevan a cabo en la región por parte de los grupos del crimen organizado están estrechamente relacionados”, advierte la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional en un reporte publicado en mayo de 2023.

“Es por ello por lo que las actividades del crimen organizado no pueden seguir considerándose solo con enfoques policiales y punitivos, ya que de esa manera desatendemos sus impactos sociales y ambientales. 

Esta organización también hace 11 recomendaciones para mitigar la huelle ambiental y social de estas actividades criminales. Por ejemplo: 

-Actuar proactivamente contra los delitos medioambientales. El daño a la biodiversidad y a los ecosistemas pone en riesgo la supervivencia del ser humano. El Gobierno federal y los gobiernos estatales deberían actuar proactivamente, evitando que los delitos ambientales se salgan de control y asegurando la sostenibilidad alimentaria de esta y futuras generaciones. 

-Crear una agenda común y especializada contra la amenaza. Los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora deberían trabajar conjuntamente para proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la región del mar de Cortés, dotando recursos económicos, científicos, técnicos y humanos. 

-Detener y revertir el derrame de desechos tóxicos que producen los laboratorios de drogas sintéticas, complementando los operativos policiales con especialistas químico-forenses y protocolos de limpieza y descontaminación.

La huella ambiental de la producción de droga, vegetal o química, se expande. Es un problema “nuevo” del cual no existe información. 

En esta ocasión estamos a tiempo para mitigar los daños.