¿Quieres resumir esta nota?
Culiacán, Sinaloa.— Ante más de dos años de enfrentamientos entre grupos del narcotráfico en Sinaloa, Miguel Calderón Quevedo, presidente de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), consideró necesario duplicar el presupuesto destinado a las instituciones de seguridad y justicia, al proponer que la asignación para 2026 pase de 5 mil a 10 mil millones de pesos.
El representante ciudadano advirtió que la prolongada crisis de violencia ha evidenciado las limitaciones de las corporaciones estatales y municipales, así como la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación, procuración e impartición de justicia para avanzar hacia condiciones de paz duradera.
Calderón Quevedo sostuvo que el fortalecimiento institucional debe convertirse en una prioridad para las autoridades y la sociedad, pues, aunque el despliegue de fuerzas federales ha contribuido a contener un escenario de mayor gravedad, la seguridad de largo plazo requiere instituciones locales con personal suficiente, recursos y capacidad de respuesta.
La propuesta de presupuesto para seguridad en Sinaloa
El presidente del CESP explicó que la propuesta presentada contempla una asignación presupuestal histórica de 10 mil millones de pesos para las instituciones locales de seguridad y justicia, frente a los 5 mil millones de pesos considerados para 2026. 
Como referencia, mencionó que Sonora ejerce alrededor de 9 mil millones de pesos en este rubro, mientras que Chihuahua dispone de aproximadamente 14 mil millones, cifras que, de acuerdo con su planteamiento, evidencian la necesidad de revisar la inversión destinada a Sinaloa, considerando la magnitud de la crisis de violencia que enfrenta.
La propuesta comprende recursos para fiscalías, policías estatales y municipales, poderes judiciales, ministerios públicos y el sistema penitenciario, con el propósito de mejorar las capacidades de prevención, investigación, detención y sanción de los delitos.
Calderón Quevedo también llamó a los diputados federales a mantenerse atentos a la situación de Sinaloa y gestionar mayores recursos para la entidad, aunque reconoció que las aportaciones extraordinarias de la Federación serían insuficientes si no se acompañan de una estrategia integral y de una inversión sostenida en las instituciones locales.
El despliegue federal y sus implicaciones
El despliegue federal evidencia las debilidades locales. En su análisis de la situación de seguridad, el titular de la Coordinación General del CESP señaló que actualmente se cuenta con alrededor de 19 mil elementos de las fuerzas federales desplegados en Sinaloa.
Consideró que su presencia ha sido fundamental para evitar que la situación alcance niveles todavía más graves; sin embargo, subrayó que este apoyo también refleja la limitada capacidad operativa de las policías estatales y municipales.
El representante ciudadano reconoció los resultados obtenidos mediante detenciones, sentencias y decomisos de armas, municiones y laboratorios para la elaboración de drogas. No obstante, advirtió que las organizaciones criminales han demostrado una importante capacidad de recuperación y reorganización, incluso después de sufrir detenciones y pérdidas materiales.
A su juicio, estos resultados muestran que la respuesta a la violencia no puede depender exclusivamente de los operativos y de la captura de los principales liderazgos criminales, sino que debe atender también las condiciones que permiten la continuidad de las actividades delictivas.
Una estrategia integral más allá de las detenciones
Calderón Quevedo sostuvo que el problema de la violencia en Sinaloa requiere una intervención que trascienda el ámbito policial y contemple factores sociales, educativos, culturales, económicos e institucionales.
Explicó que la ausencia temporal de los líderes de las organizaciones criminales no necesariamente termina con las estructuras delictivas, mientras permanezcan las dinámicas de mercado, el tráfico de armas y las condiciones que facilitan la incorporación de nuevos integrantes a los grupos criminales.
También expresó preocupación por la participación de jóvenes en actividades delictivas, al considerar que muchos de ellos se involucran en una dinámica de violencia cuyas consecuencias no alcanzan a comprender plenamente.
En ese sentido, planteó que las acciones de seguridad deben complementarse con políticas de prevención, acompañamiento familiar, oportunidades educativas y atención a las comunidades, sin dejar de lado la responsabilidad de las autoridades en el fortalecimiento de las corporaciones y los sistemas de justicia.
Fortalecer la Fiscalía y los poderes judiciales
Fortalecer la Fiscalía y los poderes judiciales. El presidente del CESP insistió en que una de las principales tareas pendientes es fortalecer de manera permanente a la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, las policías municipales y los poderes judiciales.
Señaló que contar con instituciones sólidas es una condición necesaria para garantizar el acceso a la justicia y avanzar hacia la recuperación de la paz, pues los resultados de los operativos deben traducirse también en investigaciones eficaces, procesos judiciales y sanciones que reduzcan la impunidad.
Asimismo, consideró que la seguridad debe asumirse como una responsabilidad compartida entre los gobiernos y la ciudadanía, mediante la participación social en la discusión pública y la construcción de propuestas que respondan a las necesidades de la entidad.









