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Los procesos de procuración de justicia en la entidad registraron avances concretos en la atención ciudadana.
A través del trabajo en agencias del Ministerio Público y áreas de investigación, se determinó la resolución de 285 acuerdos reparatorios de un total de 307 expedientes canalizados al área de soluciones alternativas, lo que agilizó el acceso a la reparación patrimonial sin necesidad de juicios prolongados.

Resolución de conflictos y restitución patrimonial para las víctimas
El modelo de justicia alternativa reportó una tasa de éxito de 92.8% en mediaciones concluidas con convenio formal, priorizando la atención directa a los agraviados. La efectividad en este rubro evitó la saturación de los tribunales y garantizó que los afectados recibieran sus indemnizaciones de forma inmediata.
La recuperación económica representó una suma de 18 millones 502 mil 123 pesos devueltos directamente a las partes afectadas, un balance que reduce las pérdidas monetarias ocasionadas por controversias del fuero común y conflictos patrimoniales.
De manera paralela, la coordinación interinstitucional permitió que 145 vehículos con reporte de robo o irregularidades fueran puestos a disposición del Ministerio Público para su verificación técnica.
Tras el desahogo de las diligencias y la acreditación de la propiedad, 137 automóviles fueron restituidos a sus legítimos dueños, mitigando el impacto económico en las familias y trabajadores afectados.

Actuación ministerial y judicialización de carpetas de investigación
En el terreno del litigio formal, los agentes del Ministerio Público formalizaron la judicialización de 350 carpetas de investigación mediante citación a audiencias iniciales, con y sin personas detenidas, sustentando los expedientes con pruebas técnicas y periciales.
A estas actuaciones se sumaron 89 carpetas de investigación judicializadas que derivaron en órdenes de aprehensión por delitos graves, permitiendo actuar de forma directa frente a hechos de privación ilícita, feminicidio y homicidio.

La solidez de las imputaciones ante los jueces de control se tradujo en 298 vinculaciones a proceso penal en un solo mes, asegurando el seguimiento legal de cada causa dentro de los plazos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ejecución de aprehensiones y sentencias condenatorias
El combate a la impunidad operativa derivó en el cumplimiento de 96 órdenes de aprehensión ejecutadas por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), localizando a personas requeridas por mandatos judiciales de años recientes y de causas vigentes.
El desglose operativo de las detenciones y mandamientos judiciales ejecutados comprende los siguientes indicadores:
- 19 órdenes por delitos contra la vida: 7 por homicidio doloso, 5 por homicidio calificado, 6 por tentativa de homicidio y 1 por homicidio culposo.
- 2 aprehensiones por feminicidio: 1 caso consumado y 1 en grado de tentativa.
- 6 mandatos cumplimentados por violación: enfocados en la protección y persecución de delitos contra la libertad sexual.
- 67 órdenes por delitos diversos: incluyendo violencia familiar, lesiones dolosas y narcomenudeo.
- 37 órdenes de cateo ejecutadas: distribuidas estratégicamente en 29 para la Zona Centro, 4 para la Zona Norte y 4 para la Zona Sur.
En la conclusión de los procesos frente a tribunales, el trabajo ministerial obtuvo 27 sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado, una figura procesal que acelera la aplicación de penas cuando existen elementos contundentes.

Asimismo, se obtuvieron 4 sentencias condenatorias en juicio oral por delitos de alto impacto como feminicidio en grado de tentativa, homicidio doloso en grado de tentativa, incumplimiento familiar y robo a sucursales bancarias.
Capacitación técnica del personal ministerial y operadores jurídicos
La profesionalización de las fiscalías y ministerios públicos se complementó con sesiones de práctica de juicio oral para futuros operadores del sistema penal, coordinadas en conjunto con la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (UNIPOL).
Estas actividades involucraron evaluaciones técnicas de argumentación jurídica e interrogatorio, con el fin de robustecer la integración de carpetas y elevar el estándar de legalidad de las investigaciones antes de presentarlas frente a un juez.

Conclusión
Las cifras demuestran que 92 de cada 100 controversias gestionadas por justicia alternativa concluyen con acuerdos favorables, mientras que la restitución de 18.5 millones de pesos y 137 unidades vehiculares prueba que la procuración de justicia genera beneficios directos y cuantificables cuando se combinan la resolución rápida, la acción policial efectiva y la sustentación científica de los casos.
Fuentes:






